Un paso firme hacia un sistema educativo más justo

En un avance clave para los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el Congreso de la República del Perú aprobó recientemente la Ley N.º 31985, que garantiza y promueve el acceso a la Educación Básica Regular (EBR) y a la Educación Básica Alternativa (EBA) para estudiantes en condición de discapacidad.

Esta nueva norma refuerza el derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones y reconoce que la verdadera inclusión no puede existir sin medidas concretas que eliminen barreras y fortalezcan las capacidades del sistema educativo.

¿Qué establece la nueva Ley N.º 31985?

La ley contempla una serie de disposiciones orientadas a garantizar la participación plena y efectiva de estudiantes con discapacidad, así como a impulsar cambios estructurales en la formación del personal docente:

Garantizar el acceso a la educación en las aulas

Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deberán garantizar al menos dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad y con necesidades educativas especiales. Esta disposición reconoce la necesidad de establecer cupos mínimos, evitando que la admisión dependa de la voluntad de cada centro.

Registro virtual de vacantes accesible y en tiempo real

Para facilitar el acceso a la información, el Ministerio de Educación implementará un registro público virtual, actualizado en tiempo real, que informe la disponibilidad de vacantes en cada institución educativa. Esta herramienta reducirá las barreras administrativas y permitirá que las familias puedan tomar decisiones informadas sobre la educación de sus hijas e hijos.

Capacitación docente como política prioritaria

La ley declara de interés nacional la formación en educación inclusiva, lo que implica:

• Programas sistemáticos de capacitación en discapacidad, ajustes razonables, diseño universal para el aprendizaje y atención a la diversidad.

   

• Incorporación de contenidos de inclusión en la formación inicial docente.

   

• Acompañamiento continuo a los equipos pedagógicos para implementar estrategias de enseñanza adaptadas.

   

Supervisión y sanciones

Las instituciones que incumplan las disposiciones podrán recibir sanciones administrativas, reforzando la exigibilidad de la norma y evitando que la inclusión quede reducida a recomendaciones voluntarias.

Información actualizada y transparencia

La norma también promueve la publicación de estadísticas desagregadas y actualizadas sobre la inclusión educativa a través del Observatorio Nacional de la Discapacidad, herramienta clave para el monitoreo de políticas públicas y la rendición de cuentas.

Un compromiso respaldado por el Estado

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) saludaron la aprobación de esta ley, destacando que se trata de un avance concreto hacia un sistema educativo más accesible, equitativo y con enfoque de derechos humanos.

La norma se enmarca en los compromisos asumidos por el Estado peruano al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que establece que todas las personas deben tener acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Por qué esta ley es importante

La falta de vacantes, la falta de formación docente, la rigidez curricular y las barreras actitudinales siguen siendo algunos de los principales obstáculos para que estudiantes con discapacidad accedan y permanezcan en el sistema educativo.

Esta nueva legislación no solo reconoce ese problema, sino que propone soluciones operativas y medibles:

• Visibiliza el derecho al acceso efectivo, no como excepción sino como norma.

   

• Facilita la información para las familias, que muchas veces enfrentan obstáculos al buscar una escuela que acepte a sus hijas o hijos.

   

• Fortalece el rol docente como agente clave de la inclusión.

   

• Establece mecanismos de fiscalización y exigibilidad, evitando que la inclusión dependa de la voluntad institucional.

   

La promulgación de la Ley N.º 31985 es una buena noticia para la inclusión educativa en el Perú. Representa un cambio de enfoque: de la invisibilización a la garantía de derechos, del discurso a la implementación concreta.

Para que esta ley transforme realmente la vida de miles de estudiantes con discapacidad, será necesario un compromiso sostenido del Estado, las instituciones educativas, el cuerpo docente y la sociedad en su conjunto.  

Incluir no es solo permitir el acceso: es crear condiciones reales para que todas las personas puedan aprender, crecer y desarrollarse en igualdad. ¿Qué piensas de esta nueva ley para impulsar la educación  en Perú? ¡Dejanos tu comentario!