Una mirada profunda desde el informe de la CIDH

En América, más de 85 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Esta cifra no solo representa un número, sino que pone en evidencia una deuda histórica: la exclusión persistente y la discriminación estructural que siguen enfrentando quienes tienen corporalidades, formas de comunicación o funcionamientos diversos. Frente a esta realidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró el informe “Personas con Discapacidad: Situación de sus Derechos en las Américas”, publicado en 2025. El documento ofrece un diagnóstico exhaustivo de la situación actual y plantea medidas concretas para avanzar hacia una sociedad más justa y accesible para todas las personas.

De los paradigmas excluyentes al modelo de derechos humanos

Uno de los aportes más relevantes del informe es su recorrido por los diferentes modelos que han definido históricamente la discapacidad. Primero estuvo el modelo de la prescindencia, que consideraba a estas personas como “innecesarias” para la sociedad. Luego emergió el modelo médico-rehabilitador, que enfocó la discapacidad como un problema individual a ser “reparado”. En ambos casos, las respuestas sociales y estatales derivaron en políticas de exclusión, institucionalización forzada, prácticas de caridad, e incluso esterilizaciones no consentidas.

En contraste, el informe defiende con firmeza el modelo social y de derechos humanos. Este modelo reconoce que la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que la sociedad impone a su participación. Estas barreras pueden ser físicas, comunicacionales, legales o actitudinales. El cambio de paradigma implica asumir que la diversidad funcional es parte natural de la condición humana, y que corresponde al Estado garantizar condiciones de igualdad y no discriminación.

Un enfoque interseccional para entender la exclusión

El informe de la CIDH no se detiene en un análisis genérico. Profundiza en cómo la discriminación por discapacidad se agrava cuando se entrecruza con otros factores, como el género, la pobreza, la pertenencia étnica o la edad. Las mujeres con discapacidad, por ejemplo, han sido sistemáticamente relegadas a roles de cuidado no remunerados, invisibilizadas en el ámbito público y expuestas a mayores niveles de violencia. La combinación de múltiples desigualdades genera un círculo de exclusión difícil de romper si no se abordan estas intersecciones de manera simultánea.

Por eso, el informe insiste en la necesidad de diseñar políticas públicas que reconozcan la diversidad dentro de la diversidad. No hay una única forma de vivir la discapacidad, y las respuestas del Estado deben ser sensibles a estas diferencias.

Las cifras que faltan: el vacío de datos y su impacto

Un hallazgo preocupante del informe es la falta generalizada de datos confiables, desagregados y actualizados sobre personas con discapacidad. Muchos censos aún utilizan definiciones médicas obsoletas o preguntas imprecisas que impiden dimensionar adecuadamente la realidad. Esta carencia limita el diseño de políticas públicas efectivas y perpetúa la invisibilidad de este grupo poblacional.

Algunos países han comenzado a utilizar metodologías más avanzadas, como el cuestionario del Grupo de Washington o la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), pero estos avances no son homogéneos en la región. La CIDH señala que recolectar datos no es una opción, sino una obligación legal derivada de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas.

El derecho a decidir y vivir en comunidad

El informe enfatiza el principio de capacidad jurídica, entendido como el derecho de todas las personas a tomar decisiones sobre sus vidas, con los apoyos necesarios y sin sustituciones forzadas. Históricamente, muchas personas con discapacidad han sido privadas de este derecho mediante figuras legales como la tutela o la interdicción.

La CIDH considera que estas prácticas violan el derecho a la dignidad y propone avanzar hacia modelos de apoyo para la toma de decisiones, donde la persona mantenga el control sobre su vida. Este enfoque también implica repensar la institucionalización como única respuesta, y fortalecer servicios comunitarios que permitan una vida autónoma, elegida y acompañada.

Educación, salud, trabajo y participación política: los derechos que aún se deben

A lo largo del informe, se analizan múltiples derechos clave. En educación, se denuncia la persistencia de esquemas segregados bajo la etiqueta de “educación especial”, que reproducen desigualdades desde la infancia. En salud, aún existen barreras de acceso, prácticas discriminatorias y servicios no adaptados a las necesidades específicas de las personas con discapacidad. En el ámbito laboral, los datos muestran tasas de desempleo y subempleo mucho más altas para este colectivo. Y en la esfera política, la participación sigue siendo limitada, ya sea por falta de accesibilidad, prejuicios o normativas que restringen el ejercicio del voto o la representación.

La CIDH propone una transformación estructural que garantice el acceso a estos derechos desde una perspectiva de justicia, y no de asistencialismo. Esto incluye garantizar ajustes razonables, adaptar procedimientos y formar a quienes toman decisiones para que comprendan la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.

Recomendaciones prácticas y hoja de ruta

El informe finaliza con una serie de recomendaciones para los Estados, entre las que se incluyen: armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales, eliminar las figuras que sustituyen la capacidad jurídica, garantizar la accesibilidad universal, generar datos confiables con enfoque interseccional, y promover la participación activa de organizaciones de personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas.

Estas acciones no son aspiraciones abstractas. Son medidas concretas, realizables y necesarias para cerrar la brecha de desigualdad que ha relegado durante siglos a millones de personas. La discapacidad no es un problema que hay que solucionar. Es una expresión más de la diversidad humana que debe ser reconocida, respetada y protegida.

Avanzar con convicción hacia la inclusión real

El informe de la CIDH representa una herramienta poderosa para repensar cómo se entienden y se garantizan los derechos humanos de las personas con discapacidad. Aporta argumentos, evidencia y propuestas que deben ser escuchadas con urgencia. No basta con no discriminar. Se necesita actuar, transformar, adaptar y construir sociedades donde todas las personas puedan vivir con dignidad y autonomía.

Decir que todas las vidas valen lo mismo implica también que todas tengan las mismas oportunidades para desarrollarse. La inclusión verdadera comienza cuando se eliminan las barreras que impiden participar, decidir y vivir en libertad.

Descarga y consulta el informe completo de la CIDH titulado: “La situación de los derechos de las personas con discapacidad en las Américas“

¿Qué acciones concretas crees que podrían implementarse en tu entorno para avanzar hacia una inclusión real de las personas con discapacidad? ¡Dejanos tu comentario! Te invitamos a leer nuestro artículo: Autonomía vs. sobreprotección familiar: la línea invisible que afecta a miles de adultos con discapacidad