Durante mucho tiempo, las personas con discapacidad han enfrentado barreras para ejercer plenamente su capacidad jurídica. Tradicionalmente, se les consideraba incapaces de tomar decisiones legales por sí mismas, lo que llevaba a la implementación de figuras como la interdicción, donde otra persona tomaba decisiones en su nombre. Este enfoque ha sido reemplazado por un modelo que reconoce la autonomía y la capacidad de todas las personas para tomar decisiones, con los apoyos necesarios.

¿Qué es el sistema de apoyos?

El sistema de apoyos es un conjunto de medidas que facilitan a las personas con discapacidad la toma de decisiones legales. Estos apoyos pueden incluir asistencia en la comprensión de actos jurídicos, ayuda en la comunicación de decisiones y acompañamiento en la ejecución de actos legales. La clave es que la persona con discapacidad mantiene el control sobre sus decisiones, recibiendo el apoyo necesario para ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.

¿A quiénes está dirigido este sistema?

El sistema de apoyos aplica a todas las personas con discapacidad que puedan requerir asistencia para ejercer su capacidad jurídica. Esto incluye, pero no se limita a:

• Personas con discapacidad intelectual, que pueden necesitar apoyos para comprender documentos legales o expresar sus preferencias.

• Personas con discapacidad psicosocial (como condiciones de salud mental), que pueden beneficiarse de acompañamiento para evaluar riesgos o gestionar decisiones complejas en momentos de vulnerabilidad.

• Personas con discapacidad sensorial (como sordera o ceguera), que requieren medios accesibles de información, como intérpretes de lengua de señas o documentos en formatos alternativos.

• Personas con discapacidad física o múltiple, cuando su condición afecta la comunicación oral o escrita, o implica barreras para interactuar con sistemas jurídicos tradicionales.

Este enfoque es flexible y centrado en la persona. No presupone incapacidad, sino que reconoce la diversidad de apoyos que pueden necesitar distintas personas, en diferentes momentos y contextos. Además, los apoyos deben respetar siempre la voluntad, las preferencias y los tiempos de la persona, sin imponer decisiones externas.

Implementación en América Latina

Colombia: Avances significativos

En Colombia, la Ley 1996 de 2019 marcó un hito al establecer un régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Esta ley eliminó la figura de la interdicción y reconoció que todas las personas con discapacidad son plenamente capaces de ejercer sus derechos y obligaciones. La ley introduce mecanismos como los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas, que permiten a las personas con discapacidad designar a personas de confianza para que les asistan en la toma de decisiones legales. Estos acuerdos pueden formalizarse mediante escritura pública ante notario o acta de conciliación en centros de conciliación. Además, la ley establece que, en casos donde la persona con discapacidad no tenga a alguien de confianza para designar como apoyo, un juez de familia puede nombrar un defensor personal de la Defensoría del Pueblo para brindar el apoyo necesario.

Argentina: Reforma del Código Civil y Comercial

En Argentina, la reforma del Código Civil y Comercial en 2015 significó un avance importante en materia de derechos. Se eliminó la figura de la “incapacidad” y se incorporó un sistema que reconoce la capacidad jurídica de todas las personas, incluyendo a quienes tienen discapacidad. El código permite establecer apoyos personalizados mediante decisiones judiciales, y en casos leves, la persona puede solicitarlos voluntariamente. Además, se contempla que cualquier limitación al ejercicio de la capacidad debe ser excepcional, proporcional y sujeta a revisión periódica, en línea con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Chile: Proceso de reforma en curso

En Chile, el proceso de transición hacia un modelo de apoyos aún está en desarrollo. Si bien el país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008, la legislación nacional todavía contempla figuras de interdicción, lo que ha generado tensiones con los estándares internacionales. Actualmente, se encuentra en curso una propuesta de reforma al Código Civil que busca eliminar la sustitución en la toma de decisiones y establecer mecanismos de apoyo que respeten la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. Organizaciones de la sociedad civil han tenido un rol clave en visibilizar la urgencia de estos cambios.

México: Implementación de acuerdos de apoyo voluntarios

México ha avanzado en la implementación de sistemas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. A partir de reformas en diversas entidades federativas —como la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato— se han derogado leyes de interdicción y se han creado mecanismos legales para establecer acuerdos de apoyo voluntarios, donde la persona con discapacidad designa a una persona o red de personas de confianza que le asistan en la toma de decisiones. Estos procesos son validados ante notarios o juzgados familiares, según el caso. A nivel federal, continúa el debate para armonizar la legislación de todo el país con los principios de la Convención.

Retos y desafíos

A pesar de los avances legislativos, la implementación efectiva del sistema de apoyos enfrenta varios desafíos:

• Concienciación y formación: es necesario capacitar a profesionales del derecho, la salud y otros sectores sobre el enfoque de apoyos y la importancia de respetar la autonomía de las personas con discapacidad.

• Acceso a servicios: asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios necesarios para formalizar acuerdos de apoyo y recibir asistencia adecuada.

• Supervisión y salvaguardias: establecer mecanismos para supervisar los apoyos y garantizar que se respeten los derechos y la voluntad de la persona con discapacidad.

El sistema de apoyos en decisiones legales representa un avance significativo hacia la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Al reconocer su capacidad para tomar decisiones y proporcionar los apoyos necesarios, se promueve su autonomía y participación plena en la sociedad.

Este enfoque no aplica solamente a un tipo específico de discapacidad, sino que reconoce la diversidad de apoyos que pueden necesitar diferentes personas, en distintas situaciones, a lo largo de sus vidas. Es fundamental continuar trabajando en la implementación efectiva de estos sistemas en toda América Latina, asegurando que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, con respeto, dignidad y libertad.

¿Conocías el sistema de apoyos en decisiones legales o te gustaría saber cómo funciona en tu país? ¡Deja tu comentario! Te invitamos a leer nuestro artículo: Exclusión, Segregación, Integración e Inclusión: Qué Son y Por Qué Es Clave Entender la Diferencia