Un impacto desigual en contextos de crisis
La inflación y las crisis económicas afectan a todas las personas, pero no de la misma forma. Para las personas con discapacidad, estos escenarios representan desafíos aún mayores. El aumento sostenido de los precios y la reducción de ingresos disponibles intensifican la desigualdad, especialmente cuando se trata de acceder a bienes, servicios y apoyos esenciales para la vida cotidiana.
En tiempos de crisis, lo primero que suele recortarse son los “extras”. Pero lo que para muchas personas son comodidades opcionales, para otras son necesidades básicas. En el caso de quienes viven con discapacidad, esto puede significar perder autonomía, salud o incluso la posibilidad de participar activamente en la sociedad.
¿Qué es el “costo de la discapacidad”?
Se conoce como costo de la discapacidad al conjunto de gastos adicionales que una persona con discapacidad o su entorno asumen para garantizar condiciones mínimas de inclusión y participación. Estos costos pueden ser:
- Directos: medicamentos, tratamientos, prótesis, sillas de ruedas, tecnología asistiva, asistencia personal, transporte accesible, adaptaciones del hogar, etc.
- Indirectos: pérdida de oportunidades laborales, tiempo dedicado al cuidado, o ingresos reducidos por barreras en el empleo formal.
Estos gastos son recurrentes y, en muchos casos, ineludibles. La inflación los vuelve cada vez más difíciles de afrontar, especialmente cuando los salarios, pensiones o apoyos estatales no se ajustan al mismo ritmo.
Inflación e inaccesibilidad: una doble exclusión
Cuando los precios suben, muchas familias ajustan su presupuesto. Pero para las personas con discapacidad, no siempre existe margen para elegir. Suspender una terapia, dejar de utilizar un transporte adaptado o postergar la renovación de una ayuda técnica puede tener consecuencias directas sobre la salud, la movilidad o la posibilidad de estudiar y trabajar.
Además, en contextos de crisis, algunos servicios especializados comienzan a escasear o a concentrarse solo en zonas urbanas. Esto genera nuevas formas de inaccesibilidad territorial y económica.
Por ejemplo, una silla de ruedas cuyo precio se triplica en pocos meses, un dispositivo que ya no se importa o la pérdida de cobertura en medicamentos son situaciones frecuentes que ponen en riesgo la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.
El rol del Estado y las políticas de protección social
Frente a este panorama, las políticas públicas deben actuar como red de contención, no como agravante. Ajustes presupuestarios en programas de inclusión, retrasos en la entrega de ayudas técnicas o falta de actualización en los montos de pensiones no contributivas profundizan la exclusión.
Los sistemas de protección social deben reconocer que las personas con discapacidad tienen derechos que no pueden ser postergados por razones económicas. Asegurar un ingreso digno, acceso a la salud, apoyos técnicos y servicios comunitarios accesibles es una obligación, no un gasto.
Las crisis económicas no afectan a todas las personas por igual. Para quienes viven con discapacidad, la inflación puede significar no solo un golpe al bolsillo, sino un retroceso en derechos, salud y autonomía.
Visibilizar el costo oculto de la accesibilidad es el primer paso para construir políticas públicas más justas, sensibles a la diversidad y enfocadas en la equidad real. Hablar de economía también es hablar de inclusión. ¿Que piensas sobre este tema? ¡Dejanos tu comentario! Te invitamos a leer nuestro artículo El impacto de las olas de calor en personas con discapacidad: riesgos y estrategias de adaptación
